La certificación energética de los inmuebles existentes será visible a partir de junio de 2013. A partir de esa fecha, todas las viviendas que se vendan o se alquilen deberán de disponer de un certificado de eficiencia energética.


Toda persona que desee vender o alquilar su vivienda deberá disponer de este documento que además incluirá diferentes recomendaciones para mejorar, al menos, en la menos un nivel en la escala de eficiencia. El usuario debe abonar el precio de este servicio, salvo excepciones como que el arriendo sea menos a cuatro meses por año, que esté reconocido como un lugar de culto o que sea un monumento o edificio protegido. 


La certificación energética de los edificios pretende mostrar de un modo comprensible para los usuarios y compradores de inmuebles el comportamiento energético de los edificios.

Se trata de un distintivo equiparable a la etiqueta energética de los electrodomésticos, que clasifica su eficiencia energética desde la A, la más eficiente, a la G, la menos eficiente.

Actualmente es un requisito obligatorio para edificios de nueva construcción y grandes rehabilitaciones, desde el 1 de enero de 2013 será exigible para todas las edificaciones.

Para obtener la certificación energética se debe calcular la demanda de energía del edificio en fase de proyecto mediante una modelización teórica del mismo. Para ello se tienen en cuenta los datos de consumo eléctrico total a partir de una descripción de las características de la envolvente, la ventilación y orientación, las condiciones ambientales interiores y exteriores, la existencia de sistemas solares pasivos y protecciones solares y las instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, aire acondicionado e iluminación. Con este proceso se obtendría un certificado energético provisional. Durante el proceso de construcción se comprobaría que el funcionamiento energético real coincide con el simulado. En el caso de ser necesario se reajustarían los datos a la calificación adecuada y se otorgaría el certificado definitivo.

Este certificado debe incluirse en el Libro del edificio y tiene una vigencia de 10 años, pasados los cuales se debe volver a calificar.

A parte de la certificación, en la etiqueta aparecen los datos relativos a la ubicación y zona climática del edificio, su uso, su consumo de energía primaria en Kw/año, las emisiones de CO2 al año así como los mismos datos por m2 de superficie.

Es necesario señalar que la certificación energética sólo permite una comparación entre edificios de similares características, como ocurre en el caso de los electrodomésticos. Esto se traduce en que un edificio con clasificación A puede consumir más energía que uno con clasificación C pero mucho más pequeño que no requiere grandes instalaciones.

El consentimiento para la instalación de videocámaras en zonas comunes se otorgará por la Comunidad de Propietarios por acuerdo de 3/5 de la Junta de Propietarios, recogido en el correspondiente libro de actas, según los términos establecidos en la LPH . La junta no puede autorizar a un vecino a que instale una cámara enfocando zonas comunes que visualiza desde su domicilio.

Hasta la entrada en vigor de Ley Ómnibus, sólo era conforme a la legislación de protección de datos personales la utilización de dispositivos de videovigilancia si se había contratado con empresas de seguridad privada, debidamente autorizadas por el Ministerio del Interior.

La Ley citada reforma la Ley de Seguridad Privada, liberalizando esta actividad determinando que la venta, entrega, instalación o mantenimiento de estos sistemas podrá llevarse a cabo por particulares y empresas distintas de las de seguridad privada siempre que la instalación no implique una conexión con centrales de alarma.

La AEPD establece que la Instrucción 1/2006 se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras. El tratamiento comprende la grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas.

Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse mediante los tratamientos a los que se refiere la Instrucción 1/2006 sin que ello requiera plazos o actividades desproporcionados. Las referencias a videocámaras y cámaras se entenderán hechas también a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita los tratamientos previstos en la misma.

Tal y como marca la Instrucción, las imágenes se consideran un dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la LOPD y el artículo 5 del RD1720/2007, de 21 de diciembre, que considera como dato de carácter personal la información gráfica o fotográfica.

Se excluyen el tratamiento de imágenes en el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar (como la propia vivienda o la propia plaza de garaje, únicamente si no se captan otros espacios circundantes).

Aunque nos hallemos ante un supuesto en que existan datos de carácter personal, será necesario que dichos datos se encuentren incorporados a un fichero. Ello supone que en el supuesto en que las imágenes no sean objeto de una organización sistemática, con arreglo a criterios que permitan la búsqueda de las mismas a partir de los datos personales de una determinada persona, el archivo en que se contuvieran no será considerado fichero a los efectos de la LOPD. A estos efectos, no se considerará fichero el tratamiento consistente exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real.

La creación de un fichero de videovigilancia exige su previa notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, para la inscripción en su Registro General.

Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de La LOPD. A tal fin deberán:

• Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados deberá de incluir una referencia a la «LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS», incluirá una mención a la finalidad para la que se tratan los datos («ZONA VIDEOVIGILADA»), y una mención expresa a la identificación del responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos a los que se refieren los artículos 15 y ss. de la LOPD.
• Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la LOPD.

De conformidad con el artículo 4 de la LOPD, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras.

Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal.

Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.

Los datos serán cancelados (mediante bloqueo) en el plazo máximo de un mes desde su captación.

El responsable deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a los datos deberá de observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas. El responsable deberá informar del deber de secreto a las personas con acceso a los datos.

La videovigilancia en la vía pública está reservada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La normativa de aplicación con respecto a los sistemas de videovigilancia, incluida la capacidad para instalar las cámaras, está contenida básicamente en:

• LEY ORGÁNICA 4/1997 de 4-8-1997, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
• LEY 23/1992 de 30-7-1992 que regula la Seguridad Privada.
• REAL DECRETO 2364/1994 de 9-12-1994, que desarrolla la Ley de SEGURIDAD PRIVADA.

Autora: Dolores Lagar Trigo - Administradora y Periodista

©Autora: Dolores Lagar Trigo - Administradora y Periodista

Bloque de viviendas 5 alturas, 1 sotano (para garaje y trasteros). y por el suelo y parte del muro de sótano amanece el agua.
Esta patología es muy común tambien.
La experiencia ha demostrado, que cuando hay agua porque el nivel freático esté alto, ya podemos hacer todo lo posible (lámina de bentonita, asfáltica, inyecciones de poliuretano, etc), el agua termina por salir por algún lado (no hay quien pueda con ella, es paciente y terca), obviamente saldrá menos si ponemos mas medios. Lo mejor en estos casos, es hacer una cámara “bufa” que recoja el agua que se filtre por la unión losa-muro, coqueras, porosidades, etc, a través de rejillas y estas a arquetas.

fuente: http://www.elblogdeapa.com/patologia-y-rehabilitacion